viernes, 16 de diciembre de 2011

La Ley Antiterrorista puede criminalizar la protesta social


Parlamentario.com- Diputados opositores expresaron su repudio al proyecto del Poder Ejecutivo que busca duplicar las penas contra aquellos actos considerados terroristas.
El Frente Amplio Progresista y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIDJ) repudiaron el proyecto de ley antiterrorista tratado por el pleno de la Cámara baja. La flamante diputada del MIJD Ramona Pucheta sostuvo que “en nombre de todos lo procesados” votará negativamente porque “se está criminalizando la protesta social”. “Para nosotros los verdaderos terroristas son los imperialistas, los mismos que tratan de que este proyecto se haga ley porque son los que quieren que su capital lleguen al país”. Como organización social somos perseguidos continuamente por defender los derechos de los que menos tienen y por eso estamos en contra de este proyecto”. “Ramona Puchetta quizá no esta preparada como muchos de los que está acá pero sabe lo mucho que sufren los que están en la calle”, dijo la diputada.
La diputada nacional Victoria Donda (Libres del Sur-FAP) expresó su preocupación en relación a la ley antiterrorista que impulsa el kirchnerismo y dijo: “En un contexto político en que más de cinco mil dirigentes y luchadores sociales se encuentran procesados por su participación en distintas protestas sociales y sindicales contra un Estado Nacional que continúa incumpliendo derechos humanos fundamentales, el oficialismo ha enviado al Congreso un proyecto de ley que pretende acrecentar aún más las posibilidades de persecución de luchadores”. La legisladora explicó que “la iniciativa duplica las penas de todos los delitos del Código Penal, cuando se considere que son cometidos ‘con la finalidad de aterrorizar a la población o de efectuar exigencias a cualquier autoridad pública, o gobiernos extranjeros o de Organismos Internacionales’”. Para Donda, esto “está planteado con tal vaguedad que viola el principio de legalidad que cualquier ley penal debe respetar para ser constitucional”. “El proyecto, que se presenta como ‘una respuesta a compromisos internacionales’, no respeta la conceptualización de actos terroristas contenida en los instrumentos internacionales, extendiendo indiscriminadamente un aumento de penas para cualquier delito. Es mentira que esta norma garantice el ejercicio de los derechos humanos, sociales y constitucionales”, sostuvo la diputada. La diputada Donda concluyó: “Debemos alertar sobre esta iniciativa que, de transformarse en ley, significa un claro y peligroso antecedente que avanza aún más en la discrecionalidad en la utilización del aparato represivo estatal”.
El ex fiscal anticorrupción Manuel Garrido (UCR) afirmó que “la urgencia con la que se están tratando estas modificaciones al Código Penal no debe ser óbice para la calidad de su redacción y aún menos debe redundar en incorporaciones contrarias a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales a los que se comprometió la Argentina sobre la materia y la protección de los derechos humanos”. Agregó que “el tipo penal de terrorismo que se propone abre la puerta a abusos y viola la necesaria certeza que debe existir para que no haya riesgo de represión indebida y de violación de derechos humanos”. Finalmente, el ex fiscal Garrido señaló: “legislar en esta materia en razón de las recomendaciones del GAFI bajo ningún punto de vista puede significar soslayar el principio de legalidad, las garantías procesales, la coherencia legislativa, las reglas de jurisdicción y extradición que hacen a la legitimidad de nuestro orden interno sino, por el contrario, debe garantizar los derechos humanos, respetar el principio de lesividad y contar con objetivos claros que mantengan vigente el orden interno y la seguridad jurídica”.

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