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Seis miembros de comunidades originarias de Formosa continuaban realizando huelga de hambre, en la vereda de la esquina formada por avenida de Mayo y 9 de julio, en protesta por los homicidios de dos aborígenes y el despojo de tierras en aquella provincia.
Félix Díaz, referente de la comunidad toba (quom) de Formosa y funcionario del INADI, declaró que con esta medida de fuerza pretenden que "el Gobierno Nacional nos atienda" pues "llevamos 24 días en este lugar y no tuvimos ningún acercamiento con las autoridades".
Denunció, además, que "la Nación tiene responsabilidad de impulsar la investigación para aclarar que pasó" en el homicidio de un nativo quom, el 23 de noviembre pasado en Formosa, y puntualizó que aún "ningún comisario ha sido investigado ni sancionado" por ello.
También consideró que el gobernador formoseño Guido Insfrán "tiene mucha influencia sobre el Gobierno nacional" e incluso sostuvo que desde la administración provincial "armaron una causa penal contra nosotros".
Los representantes de las comunidades originarias llevan casi tres semanas acampados en el centro porteño, bajo una suerte de toldería montada con palos y telas, y permanecen encadenados entre ellos.
El conflicto se inició meses atrás en Formosa donde un grupo toba cortó la ruta nacional 86 en reclamo de la titularidad de un predio de unas 600 hectáreas que considera suyo, aunque el Estado provincial va a instalar allí una universidad agropecuaria.
El 23 de noviembre fueron desalojados en forma violenta por policías y civiles, montándose una batalla campal que arrojó la muerte del oficial principal de la Policía de Formosa Heber Falcón y el aborigen Roberto López, identificado inicialmente como Sixto López. La represión provocó numerosos heridos que fueron asistidos en el Hospital de Laguna Blanca, de los cuales tres terminaron hospitalizados y 25 detenidos.
Sin embargo, la Defensoría General de la Nación aseguró que los graves actos de violencia habrían arrojado "cerca de 5 muertes, numerosos heridos de gravedad, aproximadamente 35 personas detenidas y la destrucción total de las viviendas de las familias indígenas".
Seis miembros de comunidades originarias de Formosa continuaban realizando huelga de hambre, en la vereda de la esquina formada por avenida de Mayo y 9 de julio, en protesta por los homicidios de dos aborígenes y el despojo de tierras en aquella provincia.
Félix Díaz, referente de la comunidad toba (quom) de Formosa y funcionario del INADI, declaró que con esta medida de fuerza pretenden que "el Gobierno Nacional nos atienda" pues "llevamos 24 días en este lugar y no tuvimos ningún acercamiento con las autoridades".
Denunció, además, que "la Nación tiene responsabilidad de impulsar la investigación para aclarar que pasó" en el homicidio de un nativo quom, el 23 de noviembre pasado en Formosa, y puntualizó que aún "ningún comisario ha sido investigado ni sancionado" por ello.
También consideró que el gobernador formoseño Guido Insfrán "tiene mucha influencia sobre el Gobierno nacional" e incluso sostuvo que desde la administración provincial "armaron una causa penal contra nosotros".
Los representantes de las comunidades originarias llevan casi tres semanas acampados en el centro porteño, bajo una suerte de toldería montada con palos y telas, y permanecen encadenados entre ellos.
El conflicto se inició meses atrás en Formosa donde un grupo toba cortó la ruta nacional 86 en reclamo de la titularidad de un predio de unas 600 hectáreas que considera suyo, aunque el Estado provincial va a instalar allí una universidad agropecuaria.
El 23 de noviembre fueron desalojados en forma violenta por policías y civiles, montándose una batalla campal que arrojó la muerte del oficial principal de la Policía de Formosa Heber Falcón y el aborigen Roberto López, identificado inicialmente como Sixto López. La represión provocó numerosos heridos que fueron asistidos en el Hospital de Laguna Blanca, de los cuales tres terminaron hospitalizados y 25 detenidos.
Sin embargo, la Defensoría General de la Nación aseguró que los graves actos de violencia habrían arrojado "cerca de 5 muertes, numerosos heridos de gravedad, aproximadamente 35 personas detenidas y la destrucción total de las viviendas de las familias indígenas".
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